Medida tributaria: Prestaciones económicas publicas exentas en el IRPF. Con efectos desde el 23/10/2026 modifica la exención regulada en el artículo 7 x) de la LIRPF (Ley 35/2006) para adecuarla a los nuevos servicios que se introducen en la Ley 39/2026, estableciendo que estarán exentas las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio para cuidados en el entorno familiar, de asistencia personal y de cuidados y apoyos en viviendas que se derivan de la Ley 39/2006 (Dependencia).

Infracciones en materia de relaciones laborales: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la disposición adicional segunda Ley 4/2026, relativa a los requisitos para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas con discapacidad o en situación de dependencia en el ámbito de los apoyos y los cuidados, retribuidas o no, que por su propia naturaleza y esencia conllevan el trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con dichas personas, así como, en todo caso, aquellas que las tengan como destinatarias principales, se considera una infracción muy grave. 

Para poder acceder y ejercer estas profesiones, oficios y actividades, es necesario aportar certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos y del Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género, según corresponda. 

Pensión de invalidez no contributiva: Requisitos de carencia de rentas o ingresos suficientes. A los efectos de apreciar la carencia de rentas o ingresos suficientes no se considerarán rentas o ingresos computables las indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales en la cuantía legal o judicialmente reconocidas. No quedarán excluidas las cantidades que tengan naturaleza salarial, prestacional, retributiva o de sustitución ordinaria de rentas, aunque se abonen en ejecución de una resolución judicial o acuerdo, ni los rendimientos que produzcan las cantidades indemnizatorias una vez percibidas. 

Prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves (CUME): La asistencia del menor al centro educativo, ya sea ordinaria, parcial, adaptada, terapéutica o intermitente, no constituirá por sí misma causa de denegación, suspensión o extinción de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. La escolarización será compatible con la apreciación de la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente cuando, de acuerdo con el informe del servicio público de salud u órgano sanitario competente, persistan tratamientos, controles, episodios de crisis, necesidades de vigilancia, administración de medicación, desplazamientos frecuentes a centros sanitarios o cualquier otra circunstancia clínica que exija la disponibilidad efectiva de la persona cuidadora.

Modifica la reducción de jornada por cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves (CUME): La Ley 4/2026 modifica el artículo 37.6 del TRLET (Estatuto de los Trabajadores) con efectos a partir del 23/10/2026, con la finalidad de incluir la prórroga del derecho a la prestación y el permiso más allá de los límites de edad previstos, cuando el hijo o hija 
se encuentre en situación de gran discapacidad o gran dependencia que requiera cuidados continuos, mientras persista la necesidad de cuidado debidamente acreditada y se mantenga la convivencia con la persona beneficiaria. Asimismo, en estos supuestos de especial intensidad asistencial, ambos progenitores podrán compartir el porcentaje de reducción de jornada, de forma simultánea y proporcional al tiempo de reducción asumido por cada uno de ellos, sin que la suma de las reducciones supere el cien por ciento de la jornada, con independencia de su estado civil.

Además, la Ley también prevé la solicitud de revisión de estas prestaciones vigentes para poder aplicar la prórroga del derecho a la prestación y permiso por CUME, vinculada a la convivencia con la persona dependiente, en los supuestos de gran discapacidad o gran dependencia. 

No obstante, con posterioridad a esta ley, el RD-ley 31/2026 para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales (BOE 21-10-2026) vuelve a modificar el redactado del artículo 37.6 del TRLET para aclarar el nuevo redactado y con entrada en vigor el mismo día 23/10/2026.

La Ley 4/2026 también modifica la regulación del permiso por CUME del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para incluir estas novedades.

Derechos de las personas con discapacidad (RD Leg 1/2013)

Equipara los grados de dependencia y de discapacidad, a los efectos de esta ley. Se considerará también, que presentan una discapacidad del 33% las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado I, así como una discapacidad del 65 % a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia en grado II y III.  Esta asimilación provocará efectos exclusivamente en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que expresamente la contemplen, no siendo de aplicación en el ámbito tributario.

Derecho al trabajo: Las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a través de empleo ordinario (en las empresas y en las AAPP, incluido los servicios de empleo con apoyo y de empleo personalizado), y a través del empleo protegido (en empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y en enclaves laborales). 

Derecho al trabajo Empleo ordinario: Las empresas deben adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad, a sus cónyuges o sus parejas de hecho y a sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad que realicen labores de cuidado acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario. 

En el caso de las personas con discapacidad y mayores dificultades en el acceso al empleo, se valorará la aplicación de la metodología de empleo personalizado. Los programas de empleo personalizado se regularán a través de Real Decreto (plazo 12 meses).

Derecho al trabajo Empleo protegido: Los centros especiales de empleo pasan a denominarse empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad (EIDIS). 

Para el cálculo de la plantilla de la EIDIS no se tendrá en cuenta el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social. Se incluye dentro de la prestación 
de servicios de ajuste personal y social el acompañamiento en el proceso de preparación para la jubilación, para poder compatibilizar el empleo con otras actividades de preparación a la jubilación.

Formación, El IMSERSO será el encargado de promover el diseño e implementación de acciones formativas específicas en TEA, dirigidas a las y los profesionales que prestan servicios en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Dichas acciones formativas tendrán carácter complementario y voluntario.

Se establece un plazo específico para la resolución y notificación de los procedimientos sancionadores. Deberá realizarse en el plazo máximo de un año desde la fecha en que se dicte el acuerdo de iniciación.

El régimen de infracciones y sanciones de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad tiene carácter básico. Las CCAA desarrollarán y tipificarán, en el ejercicio de sus competencias, las infracciones y sanciones en esta materia, sin perjuicio de aquellas otras que puedan establecer de conformidad con sus Estatutos de Autonomía. En tanto las comunidades autónomas no dispongan de régimen legal propio en esta materia, se aplicará supletoriamente el común del Estado. 

Nueva infracción grave. La exposición pública de una persona en atención a su discapacidad ya sea en espectáculos, ferias, locales abiertos al público, entornos digitales o cualquier otro medio, para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público, de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana, cuando no constituya infracción penal.

Se regula la nueva figura de la persona experta facilitadora procesal que trabajará, según sea necesario, con el personal de la Administración de Justicia y las personas con discapacidad para asegurar la participación de la persona con discapacidad en el proceso. Reglamentariamente, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este precepto, se adoptarán las disposiciones normativas necesarias para su desarrollo.

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Disposiciones generales (Ley 39/2006)

Amplia la definición de actividades de la vida diaria (AVD): las tareas de la persona que le permiten desenvolverse con autonomía e independencia, tales como: reconocer personas y objetos; orientarse; entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas; el cuidado personal; las actividades domésticas; la movilidad dentro y fuera del hogar; la comunicación, las interacciones y las relaciones interpersonales; la gestión y el cuidado de la salud, o la gestión de la economía doméstica, así como las tareas necesarias para el ejercicio de todos sus derechos.

Establece los derechos de las personas cuidadoras no profesionales y de la persona cuidadora principal. De entre las personas que proveen cuidados no profesionales, será persona cuidadora principal aquella que dedica más tiempo a los cuidados y apoyos prestados a la persona en situación de dependencia y se identifica como tal en el PIA, y tendrá derecho a ser colectivo de atención prioritaria para la política de empleo, y a la incorporación en la Seguridad Social en los términos previstos en la da cuarta (RD 615/2007 por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia), entre otros.

Sistema para la autonomía y atención a la dependencia (Ley 39/2006)

La percepción de una prestación económica o de servicios será compatible con la realización de un trabajo por cuenta ajena o de una actividad por cuenta propia, sin perjuicio del cómputo de los ingresos procedentes de dicho trabajo o actividad a los efectos de lo previsto en el artículo 33 (participación de las personas beneficiarias en el coste de las prestaciones).

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Excepcionalmente, se podrá no exigir la convivencia cuando entre la persona en situación de dependencia y la persona cuidadora no profesional exista un compromiso de cuidados sin contraprestación económica y ambas residan en viviendas próximas. Las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar suspendidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta modificación dejarán de estar en suspenso recuperando su vigencia y la cuantía que les corresponda.

Servicio de asistencia personal a través de prestación económica. El objetivo de la prestación es contribuir a la mayor autonomía posible de las personas en situación de dependencia, a través de la contratación de una asistencia personal durante un número determinado de horas, de acuerdo con lo establecido en su PIA. 

El servicio de asistencia personal tiene como finalidad la promoción de la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas en situación de dependencia en cualquiera de sus grados y con independencia de su edad. Consiste en la prestación de apoyos y cuidados, bajo su dirección, a través de profesionales de referencia prioritariamente con formación especializada o experiencia acreditada conforme a un plan personal, en el que se concreten las actividades de la vida diaria, que permita a la persona desarrollar su proyecto de vida libremente elegido en todas las esferas y de acuerdo con sus necesidades, voluntad, deseos y preferencias.

En el plazo máximo de un año, se aprobará el marco formativo necesario para el acceso y desempeño de los y las profesionales que presten la asistencia personal.

Servicio de cuidados y apoyos en viviendas a través de prestación económica.  La prestación económica tiene como finalidad contribuir a la contratación del servicio de cuidados y apoyos en viviendas previsto para las personas en situación de dependencia.

Los servicios se prestarán directamente por profesionales con la debida cualificación y habiendo acreditado sus competencias, o a través de centros y servicios concertados, ya sean privados o de iniciativa social, debidamente acreditados.

El servicio de cuidados y apoyos en viviendas tiene por finalidad que las personas, con independencia de su edad y grado de dependencia, puedan desarrollar su proyecto de vida independiente en un entorno de seguridad, confianza y bienestar y con plena participación en la comunidad. Para ello se contará con los cuidados y apoyos integrales que las personas en situación de dependencia requieran, incluidos los de alta complejidad que, en todo caso, se prestarán de acuerdo con su voluntad, deseos y preferencias.

Se amplía la regulación del servicio de teleasistencia. Se presta mediante el uso de tecnologías avanzadas (TIC, Internet, IA aplicada, domótica o robótica) y dispositivos, ambos accesibles universalmente (videointerpretación en lengua de signos) y con apoyo de los medios materiales y personales necesarios. Las personas en situación de dependencia tendrán derecho a recibir el servicio de teleasistencia, con independencia del resto de prestaciones o servicios reconocidos. 

Se amplía la regulación del servicio de ayuda a domicilio. Para la prestación de este servicio será preciso una formación especializada que garantice una respuesta integral a las necesidades de la persona. En determinados supuestos el servicio de ayuda a domicilio se organizará, de forma coordinada, conjunta y participada si la persona dependiente lo solicita.

Suprime el régimen de incompatibilidades de las prestaciones económicas entre sí y con los servicios del catálogo.

El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia del derecho a las prestaciones del sistema se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación, estableciéndose un plazo máximo de 3 meses para su resolución.

Trabajadoras del hogar directamente contratadas por las familias. En el plazo de 18 meses desde la aprobación de esta norma, la Comisión Interministerial para la transformación y sostenibilidad de los cuidados de larga duración, creada por el Real Decreto 216/2026 deberá presentar un estudio que analice la pertinencia de la inclusión en la cartera de servicios de una prestación para la contratación directa por parte de las familias de trabajadoras del hogar.

Otras medidas

Seguridad Social: La bonificación de la cuota empresarial por contrataciones en entidades deportivas no profesionales sin ánimo de lucro se modifica a partir del 23/10/2026. El límite de edad no se aplicará cuando estas entidades desarrollen programas de deporte adaptado o inclusivo.

Gestión de la prestación de Ingreso Mínimo Vital:  A partir del 23/10/2026, las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, en el supuesto de personas empadronadas, al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, en sus sedes o centros, están obligadas a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social cualquier modificación que afecte a la gestión y control de la prestación, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que se produzcan. 

Procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad en el caso de personas con ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. El procedimiento de revisión del grado de discapacidad no suspenderá ni retrasará el acceso efectivo a los derechos, prestaciones y servicios reconocidos en esta ley. Esta modificación entra en vigor el 23/10/2026

Aplicación en Cataluña de la Ley 4/2026. La aplicación de esta ley en Cataluña se entenderá sin perjuicio de las competencias exclusivas que corresponden a la Generalitat de Cataluña en materia de servicios sociales, asistencia social, promoción de la autonomía personal, atención a la dependencia, discapacidad, infancia, personas mayores y organización de sus servicios públicos, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Corresponde a la Generalitat de Cataluña en el ejercicio de sus competencias exclusivas, el desarrollo normativo, la ejecución, la organización y la provisión de los servicios y prestaciones regulados en esta ley.

Se modifica la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para reforzar la obligación de realizar las obras de accesibilidad universal, aclarando su interpretación y facilitando su ejecución. También prevé ayudas públicas específicas para estas actuaciones. Las modificaciones entran en vigor a partir del 23/10/206.